“En España la división de poderes aún no se respeta”

Eva Joly, que fue candidata a la presidencia francesa; exmagistrada; activista contra la corrupción

La edad me hace más intolerante con los arrogantes y más empática con todos los demás. Nací en Noruega, donde la igualdad se mama en la escuela. He sido magistrada, fui candidata presidencial con los verdes y soy eurodiputada. Colaboro con la Cuimpb y la Oficina Antifrau de Catalunya

 

Usted investiga la corrupción en Francia y en el mundo: ¿cómo combatirla?

 Para empezar, hay que vigilar sistemáticamente a todos aquellos que tienen el poder de corromperse, los que llamamos PEP ( politically exposed persons, personas expuestas políticamente) .

¿Fiscalizarlos a todos ad cautelam?

PEP es una definición universal que usamos los investigadores internacionales contra la corrupción. Incluye a los poderosos que deben estar bajo escrutinio público constante.

¿No es excesivo fiscalizarlos antes de que hayan hecho algo malo?

Sólo mientras tengan ese poder. A quien tiene poder hay que vigilarlo, y a quien tiene mucho poder, vigilarlo más. Además, es imprescindible limitar los mandatos de los cargos: del último diputado al presidente. Macron ha prometido limitarlos todos a tres.

¿Con eso sería suficiente?

Además hay que eliminar cualquier aforamiento o tratamiento especial de la justicia para quienes mandan. Es anacrónico.

¿Espera que quienes mandan se priven a sí mismos de sus privilegios?

Confío en la sociedad civil. Es la que ha empujado a Macron, por ejemplo, a prometer que eliminará incluso el derecho del presidente a ser juzgado sólo por un tribunal especial. Hollande lo prometió y no cumplió. Pero la sociedad es cada vez menos tolerante con los corruptos.

¿En qué lo nota?

En que ha desaparecido la resignación de antaño cuando hablamos de corrupción y, en cambio, nos piden que perfeccionemos las instituciones para evitarla. Para empezar, debe haber transparencia sistemática en cada compra pública: por ejemplo, esta silla.

Es sólo una silla.

Pero es pública. Esto es un organismo público. Por eso cualquiera tiene que poder saber en cualquier momento quién, cuándo y por cuánto la compró.

Ya hay muchas leyes y normativas, y no sé si se ha avanzado tanto.

Ya en 1989, el G-7 creó el Grupo de Acción Financiera (Gafi), con 25 organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, el FMI y el Banco Mundial, para tratar de frenar el lavado del ­dinero del narcotráfico y los sobornos. Y tiene usted razón: si se aplicara aquella normativa de verdad, el mundo se habría librado de los ­corruptos.

¿Hasta qué punto se ha librado ya?

Calculamos que hoy hay todavía 14 billones (millones de millones) de dólares en paraísos fiscales, casi una quinta parte del PIB mundial, que hoy es de 80 billones.

¿Qué reforma es más urgente?

La protección del denunciante, del whistleblower, el que avisa de que un cargo o una institución se corrompen. Y citaré un caso que he seguido en España, el de Roberto Macías, sindicalista de la UGT andaluza, perseguido por denunciar la financiación ilícita del sindicato. Otro es el del ingeniero francés que denunció a su propia empresa.

¿Por qué?

Porque usaba un insecticida muy tóxico para los humanos. Logró evitar que se siguiera usando, pero no ha vuelto a encontrar trabajo ni en su empresa ni en ninguna.

¿Cómo proteger a los denunciantes?

Respetando la normativa para que sólo los jueces investigadores y los fiscales conozcan su identidad. Si se revela quién ha hecho la denuncia, es inevitable que la organización denunciada a la que pertenece el avisador lo considere un traidor y sufra represalias.

¿Y dónde trabajará después del juicio?

La normativa prevé que la Administración les mantenga durante el tiempo necesario hasta que encuentren otro empleo.

¿Los jueces deben encargarse de eso?

Prevemos que haya una institución que medie entre la justicia y los denunciantes.

¿Ve España tan corrupta como dicen?

Es urgente que España refuerce la independencia de su poder judicial y de sus fiscales.

¿Cómo?

Evitando que los partidos políticos y el Gobierno interfieran en el nombramiento de los órganos de gobierno de los jueces. Es grave que el Gobierno nombrara a un fiscal porque, al parecer, sabía que iba a ser benevolente con los corruptos de su partido.

Ya ha sido sustituido.

Además debe aumentar los presupuestos y los medios de su justicia, porque descapitalizarla es un modo de ayudar a los corruptos.

¿Por qué cabría esperar que ahora todos los países mejoren sus controles?

Lo harán por la presión de la sociedad civil organizada. En España, dudo que un Gobierno debilitado emprenda una reforma así, aunque sea necesaria. En Francia, tenemos a Macron, que ha prometido hacerla.

¿Es una cuestión de instituciones?

Son las que incentivan y desincentivan conductas y van conformando y se conforman en un estado de opinión y, a la larga, una ética y una moral públicas en cada sociedad. También hay que proteger el derecho del periodista a no revelar sus fuentes.

Deberíamos ser el último recurso para el denunciante de una corruptela.

A veces son el único, por eso aún es importante protegerlos a ustedes.

 

Fuente: LA CONTRA de LA VANGUARDIA

Entrevista de 

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